El plazo para que las compañías de seguros médicos privados decidiesen si se adherían al convenio de Muface 2025-2026, que finalizó el pasado 1 de enero, mediante el cual el Ejecutivo les había propuesto una ampliación de las primas anuales del 17,12%.
Recordemos que Muface es la Mutualidad General de funcionarios Civiles del Estado, una entidad pública bajo las competencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública, un organismo que presta servicio médico a más de un millón y medio de funcionarios civiles del Estado y a sus familias.
¿Por qué están en peligro los servicios médicos que dependen de Muface?
Muface se sustenta en un convenio entre el Gobierno y las aseguradoras privadas, finalizado el primer día de este nuevo 2025. Con el propósito de renovarlo para los años 2025 y 2026, el Gobierno ha propuesto un aumento sin precedentes de las primas que reciben las aseguradoras adheridas.
Sin embargo, dos de las empresas que hasta ahora participaban en el convenio, Adeslas y DKV ya han renunciado al acuerdo, pues sostienen que la renovación no le era rentable en las condiciones ofrecidas, señalando pérdidas de alrededor de 200 millones de euros anuales durante los últimos años. Estas compañías demandaban un incremento de las primas del 40%, una cifra considerablemente superior a lo actualmente ofrecido.
¿Qué consecuencias tendría la falta de acuerdo?
Cada año, los funcionarios cubiertos por Muface (profesores de infantil, primaria, secundaria y universidad, así como funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado y funcionarios retirados) eligen quién les prestará asistencia médica: una de las aseguradoras privadas adheridas o la sanidad pública. Generalmente, la mayoría opta por un servicio sanitario privado, y si este no estuviera disponible, la sanidad pública tendría que asumir a cientos de miles de nuevos pacientes. Dado el contexto de largas listas de espera ya existentes, esto podría derivar en una crisis institucional para las Comunidades Autónomas, encargadas de gestionar la sanidad.
En este contexto, Asisa es la única aseguradora que ha mostrado interés en asumir el nuevo contrato de MUFACE, aunque con cautela. Inicialmente, la compañía había establecido como condición no afrontar el acuerdo en solitario. Ahora, aunque evalúan la posibilidad de hacerlo, atender a los 700.000 nuevos mutualistas que podrían llegar de golpe sigue siendo un reto.
El contrato que propone MUFACE resulta complicado para que una sola aseguradora lo asuma sin que eso empeore las condiciones ofrecidas a los mutualistas. Para evitarlo, sería necesario incrementar considerablemente los recursos destinados, algo difícil de financiar con los aproximadamente 1.000 millones de euros anuales asignados por el convenio.
Una posible solución pasaría por una migración masiva de funcionarios hacia el sistema público. Actualmente, de los 1,5 millones de trabajadores públicos adscritos a MUFACE, más de un millón (alrededor del 70%) elige la opción privada. Si esta cifra se redujera y la mutualidad se convirtiera en una entidad más pequeña, con un presupuesto similar, Asisa podría hacer frente al contrato y obtener rentabilidad, especialmente si los funcionarios que abandonan el sistema privado en su mayaría los mutualistas de mayor edad, que son quienes generan mayores gastos médicos.
Por el momento, no hay datos precisos sobre cuántos funcionarios han decidido cambiarse a la sanidad pública. Sin embargo, con MUFACE enfrentando una situación delicada tras la retirada de DKV, enero será un mes decisivo. Hasta finales de este mes, los mutualistas pueden abandonar el sistema, y el futuro del modelo dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.
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