El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Planes de Pensiones de Empleo, que regula los nuevos Planes de Pensiones de Empleo que se antojan como un complemento a los planes de pensiones privados y un complemento para las pensiones públicas, un segundo pilar de las prestaciones básicas del Estado a favor de sus ciudadanos.
Los Planes de Pensiones de Empleo no son nuevos. De hecho, se crearon en 1987 y están constituidos por los sistemas de pensiones promovidos por las empresas de cara a constituir el ahorro privado de cara a la jubilación a favor de los empleados de una empresa, basados en el sistema de capitalización. No obstante, este modelo no ha tenido mucho éxito en favor del sistema público de pensiones y prestaciones públicas que garantizan la protección del trabajador ante determinadas contingencias como la enfermedad, desempleo, accidentes y jubilación.
Sin embargo, el famoso “agujero de las pensiones” ha provocado que el sistema actual esté en una situación de insostenibilidad: la población cada vez está más envejecida y la natalidad baja lo que provoca un menor número de población en activo, menos cotizaciones y menos aportaciones a las arcas de la Seguridad Social. Tanto es así que el Plan de ESPAÑA 2050 hace una prospección de cómo será España dentro de tres décadas, establece que por cada mayor de 64 años habrá 1,7 personas en edad de trabajar, frente a las 3,4 actuales. Este tipo de indicadores es una señal clara que es necesaria una inminente reforma en nuestro sistema de pensiones.
Todo ello ha llevado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a remodelar los Planes de Pensiones de Empleo para hacerlos más atractivos, accesibles y aumentar su contratación a través de incentivos fiscales de deducciones en IRPF de hasta 8.500 euros por aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo. Al mismo tiempo se han aprobado medidas para desincentivar la contratación de planes de pensiones privados al limitar las deducciones en IRPF por aportaciones a estos planes de pensiones (actualmente el límite máximo de deducción es de 1.500 euros anuales).
La oferta que hay en el sector asegurador para autónomos y pymes se centra en los Planes de Pensiones de Empleo de Promoción Conjunta (PPE). En las que grandes asegurados abren la opción de adherirse a sus propios PPE mediante una hoja de adhesión, y establecer la cuantía de las aportaciones de la Pyme y en su caso la de los empleados, denominados Planes de Empleo de aportación definida.
Quiénes podrán contratar un Plan de Pensiones de Empleo
Los Planes de Pensiones de Empleo están dirigidos a trabajadores asalariados, trabajadores autónomos, empleados públicos y las asociaciones de trabajadores autónomos, colegios profesionales y mutualidades vinculadas a estos colectivos frente a la situación anterior en la que sólo podían acceder a estos instrumentos las grandes empresas.
En el caso de los trabajadores autónomos podrán adherirse a los planes sectoriales que deseen promovidos por los diferentes gremios profesionales indistintamente para comenzar a beneficiarse de las ventajas en términos de reducción de costes respecto al sistema individual y las empresas deberán negociar a través de los convenios sectoriales la inclusión de estos Planes de Pensiones de Empleo. Así las pequeñas y medianas empresas dispondrán de un acuerdo al que vincularse y una vez lo hagan, si no deciden en qué fondo depositar los recursos, la comisión gestora se lo asignará por defecto en el plazo de tres meses. Esta comisión estará compuesta por nueve miembros de la Administración -cuatro de Seguridad Social, uno de Trabajo, otro de Asuntos Económicos y otro de Transición Ecológica que representarán la mayoría, pero estarán acompañados de cuatro consejeros nombrados por las patronales y otros cuatro por los sindicatos.
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